El Tribunal Supremo estadounidense dictaminó ayer que el gobierno federal puede perseguir legalmente a los pacientes que consuman marihuana por razones terapéuticas, lo que podría afectar a cientos de personas bajo tratamiento con cannabis en ese país.
Agencias
Las autoridades federales de EE.UU. podrán procesar a enfermos cuyos médicos les han recetado marihuana para disminuir el dolor, según un fallo del Tribunal Supremo emitido ayer, que concluye que las leyes estatales que toleran el uso de la Cannabis Sativa con propósitos medicinales, no protegen a los pacientes de la prohibición nacional contra las drogas.
El fallo, aprobado por 6 votos a favor y 3 en contra, representa una derrota para los partidarios del uso terapéutico de la marihuana.
El juez de la Corte Suprema John Paul Stevens, quien escribió la decisión de la mayoría, dijo que sólo el Congreso puede cambiar la ley que prohíbe el uso de dicha droga.
El dictamen judicial es el resultado de una petición del gobierno de George W. Bush sobre el caso de dos mujeres gravemente enfermas que usaron marihuana en California para aliviar los padecimientos de sus dolencias. Dicho estado aprobó –en 1996- una ley que permite a las personas cultivar, fumar u obtener marihuana para necesidades médicas, siempre que ello sea prescrito por un médico. Ambas tenían el permiso legal, sin embargo, el gobierno federal decomisó las plantas que cultivaron en sus casas.
Randy Barnett, abogado de una de las afectadas argumentó en su momento al gobierno federal que no tenía injerencia porque excedía la autoridad que la Constitución confiere al ejecutivo en relación con la regulación del comercio entre estados.
La Constitución señala que el Congreso puede aprobar leyes regulando la actividad económica del estado en tanto involucra un “comercio interestatal”, si bien la marihuana usada en California en el caso de estas dos pacientes había sido cultivada en la región, distribuida gratis, y sin cruzar líneas estatales.
La demanda de Raich y Monson (las dos afectadas) fue respaldada por varios grupos conservadores, no porque apoyen el uso de la marihuana, sino porque creen que el gobierno federal no debe ejercer jurisdicción sobre legislaciones aprobadas por los estados.
En 2003, la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, en San Francisco, falló a favor de Monson, por ello el caso llegó a la Corte Suprema, que tuvo la última palabra.
